Reforma laboral: el Gobierno define su proyecto y busca abrir el debate en el Congreso
La iniciativa, presentada por la diputada Romina Díez, busca reactivar la discusión sobre el régimen de trabajo. Propone incentivos fiscales, flexibilización contractual y estímulos a la contratación formal, en línea con los objetivos de la Ley Bases.
Con el respaldo obtenido en las últimas elecciones, el Gobierno vuelve a colocar en agenda la reforma laboral, uno de los ejes que se había debatido dentro del Consejo de Mayo. El proyecto, impulsado por la diputada nacional Romina Diez bajo el título “Ley de Promoción de Inversiones y Empleo”, retoma una versión presentada a fines de 2024 y servirá como base para actualizar la normativa laboral argentina.
La propuesta —respaldada por legisladores de distintos bloques— busca modernizar la legislación laboral, ampliar las opciones de contratación y generar un entorno más flexible para la creación de empleo. El texto sigue los lineamientos de la Ley Bases y apunta a “institucionalizar un modelo económico que actualice y mejore las condiciones que regulan la relación entre empleador y empleado”.
Cambios en la Ley de Contrato de Trabajo
Uno de los puntos centrales es la modernización de la Ley de Contrato de Trabajo. El proyecto redefine el principio de irrenunciabilidad, amplía las facultades del empleador para modificar modalidades laborales y actualiza los beneficios sociales no remunerativos.
Se permite al empleador introducir cambios en la prestación laboral, siempre que no sean irrazonables ni alteren aspectos esenciales del contrato. Si se vulneran estos límites, el trabajador podrá considerarse despedido sin causa. Además, se fija un plazo de 30 días corridos para impugnar sanciones disciplinarias.
Beneficios sociales y remuneraciones
El texto precisa que beneficios como almuerzos, útiles escolares, telefonía móvil o internet no integrarán la remuneración, salvo excepciones. En cuanto al pago de sueldos, se habilita el uso de efectivo, cheque o acreditación bancaria, y se permite la emisión electrónica del recibo de haberes, con todos los datos del empleador, trabajador y conceptos liquidados.
Vacaciones y convenios colectivos
El proyecto flexibiliza la época de otorgamiento de vacaciones, permitiendo su división en períodos no menores a una semana. Se garantiza además que cada empleado pueda tomarlas en verano al menos una vez cada dos años, y que los matrimonios o uniones convivenciales que trabajen en la misma empresa puedan hacerlo en forma conjunta.
Las convenciones colectivas de trabajo podrán adaptar sus regímenes a las nuevas modalidades productivas, gestionando bancos de horas, horas extras y francos compensatorios, con un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas.
Licencias y enfermedades
Se mantienen los plazos de tres o seis meses de remuneración según la antigüedad (menor o mayor a cinco años). Quienes tengan cargas de familia percibirán sueldo durante seis o doce meses, respectivamente. La verificación médica podrá ser controlada por la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano, que podrá convocar peritos y aplicar sanciones si detecta irregularidades. Tras el vencimiento de las licencias, el empleador deberá conservar el puesto durante un año adicional. Vencido ese plazo, cualquiera de las partes podrá extinguir el vínculo sin indemnización.
Intereses, indemnizaciones y PyMEs
El proyecto redefine el cálculo de intereses en créditos laborales: el monto no podrá superar el capital actualizado por el IPC más una tasa pura del 3% anual. Además, limita los honorarios por cuota litis al 20% y permite a las micro, pequeñas y medianas empresas abonar sentencias o indemnizaciones en hasta 12 cuotas mensuales consecutivas.
Trabajo agrario e incentivos al empleo
En el ámbito agrario, se delimita el régimen aplicable, excluyendo a trabajadores industriales, turísticos o de servicios, y manteniendo la responsabilidad solidaria de la empresa usuaria.
Uno de los capítulos más relevantes es el de incentivos al empleo. Se propone un sistema de bonos de crédito fiscal para empleadores que incorporen nuevos trabajadores durante los primeros 18 meses de vigencia de la ley. Los beneficios varían según el tamaño de la empresa:
- 100% para microempresas,
- 75% para pequeñas,
- 50% para medianas,
- 25% para grandes compañías.
El crédito se aplicará durante 12 meses y solo regirá si la contratación representa un incremento neto de la nómina y el trabajador no tuvo relación laboral en los tres meses previos, salvo excepciones en programas de inserción laboral.
La iniciativa cuenta con el acompañamiento de los legisladores Lorena Villaverde, Gabriel Bornoroni, Mercedes Llano, José Luis Espert (en uso de licencia), Lilia Lemoine, Nicolás Mayoraz, Nicolás Emma, Guillermo Montenegro, Bertie Benegas Lynch, Manuel Quintar, Lisandro Almirón, Carlos Zapata, Nadia Márquez y Facundo Correa Llano.