La legisladora Sandra Figueroa solicitó formalmente licencia en la Legislatura para dedicarse a su defensa en la causa que la investiga por presunto lavado de activos, confabulación con el narcotráfico y asociación ilícita. La decisión, consignada en una nota dirigida a la presidencia del cuerpo, fue fundamentada por la propia legisladora en la necesidad de abocarse al proceso judicial y colaborar con la justicia para esclarecer su situación de manera transparente.

 La investigación se inició tras un análisis de la División Informática Forense de la Policía de Tucumán, que detectó la circulación de un mensaje de voz entre dos hombres. Según las pericias, las voces corresponderían al entonces intendente Luis Armando Campos y al empresario Roque Cayetano Giménez, y en la conversación se aludiría a hechos graves como narcotráfico, comercialización de menores, presuntas injerencias sobre la policía y uso de fondos municipales. 

La semana pasada, el juez federal José Manuel Díaz Vélez formalizó el procesamiento de Campos y de Figueroa por los delitos mencionados. En el mismo fallo también se procesó a otras cuatro personas: José Roldán, Pablo Barrionuevo, José Albano Loru y Roque “Chipi” Giménez. A los seis imputados se les trabaron embargos que, en conjunto, alcanzan los 1.400 millones de pesos. Aunque contra el matrimonio Campos–Figueroa no se impusieron medidas privativas de la libertad, la resolución judicial restringe su salida de la provincia y del país sin la debida autorización. El caso continúa bajo investigación en la jurisdicción federal.