El juez federal Julián Ercolini delegó la investigación sobre presuntas maniobras de espionaje ilegal dirigidas a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el fiscal federal Carlos Stornelli. El dictamen fiscal, conocido ayer, plantea abrir la pesquisa y ordena solicitar informes a la Inspección General de Justicia (IGJ) y al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) respecto del canal de streaming Carnaval, responsable de difundir los audios en cuestión. 

Stornelli pidió medidas para determinar la autoría del canal y la repercusión pública de la difusión, aunque rechazó los allanamientos a domicilios de periodistas que había solicitado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El fiscal consideró que corresponde recabar datos sobre la conformación societaria del streaming ante la IGJ y verificar ante ENACOM si la señal se hallaba sujeta a regulaciones, dado que los servicios de streaming suelen no estar regulados como la televisión tradicional. 

Fiscal Carlos Stornelli
Fiscal Carlos Stornelli

En paralelo, pidió averiguar responsabilidades y rastrear la procedencia de las grabaciones para precisar si fueron tomadas en la Casa de Gobierno el 29 de agosto o, como afirmó ayer el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en el Congreso. En su dictamen, Stornelli subrayó además la protección de la fuente periodística y por ello rechazó la procedencia de los allanamientos a los domicilios de comunicadores, medida planteada por la denuncia de la ministra Bullrich a través del funcionario Fernando Soto.

 El fiscal sostuvo la hipótesis de que algunas grabaciones podrían haberse realizado en espacios bajo jurisdicción exclusiva del Gobierno, lo que justificaría la competencia del juzgado federal. El texto fiscal describe a los audios como potencialmente ilegítimos y plantea la existencia de una operación de inteligencia clandestina que debe ser investigada a fondo. Esa caracterización motivó críticas y aportes de distintas partes, y puso en foco la necesidad de pruebas técnicas y documentales que permitan precisar la cadena de custodia y los posibles responsables de la difusión. 

En los tribunales también circuló la inquietud sobre si la causa podría articularse con otras denuncias, como las vinculadas a supuestas coimas en ANDIS emergentes de audios previos, aunque fuentes judiciales consultadas rechazaron por el momento que se haya decidido esa unificación. La pesquisa ahora avanza en la recolección de informes y en las medidas probatorias ordenadas por el fiscal para esclarecer el origen y alcance de los hechos denunciados.