Diego Spagnuolo, exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), analiza acogerse al régimen de imputado colaborador en el marco de la causa que investiga un supuesto esquema de coimas en contrataciones públicas. El exfuncionario fue desplazado del cargo el 20 de agosto pasado, tras la filtración de un audio que desató el escándalo.

Por ahora, su defensa optó por no avanzar en ninguna estrategia formal hasta que se levante el secreto de sumario que rige sobre la investigación desde hace tres semanas. Mientras tanto, solicitó suspender los plazos procesales vinculados a los planteos de nulidad presentados por los empresarios Jonathan y Emmanuel Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina.

De concretarse su intención de colaborar con la Justicia, Spagnuolo deberá admitir su participación en los hechos investigados y aportar información veraz, útil y novedosa que permita escalar en la responsabilidad penal de otros funcionarios, con cargos superiores dentro de la presunta estructura delictiva. El procedimiento, en ese caso, deberá ser homologado por el juez federal Sebastián Casanello, a pedido del fiscal Franco Picardi.

El origen de la causa y el posible alcance del arrepentimiento

La causa tuvo su punto de partida en la difusión de una grabación en la que se escucha a Spagnuolo referirse a un esquema de "retornos" ilegales en contrataciones dentro de la ANDIS. En ese audio —cuya autenticidad no fue cuestionada—, se menciona un presunto reparto de porcentajes que habría alcanzado incluso a Karina Milei, secretaria General de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei.

La difusión del material provocó la inmediata remoción de Spagnuolo y activó una investigación penal por presuntos delitos de corrupción en el manejo de fondos públicos, especialmente en el programa Incluir Salud.

Según los datos preliminares del expediente, Suizo Argentina —empresa vinculada a la familia Kovalivker— obtuvo el 22% del volumen total de una licitación por 24.000 millones de pesos y firmó contratos con la ANDIS por más de 55.000 millones. La Justicia busca determinar si existió direccionamiento en las adjudicaciones, sobreprecios y pago de coimas para acceder a los contratos.

Planteos de nulidad y tensión procesal

Los empresarios involucrados presentaron dos recursos de nulidad ante el juzgado de Casanello. El primero objeta la validez del audio filtrado por supuesta violación a la intimidad de Spagnuolo; el segundo argumenta que las contrataciones ya fueron objeto de una investigación archivada, lo que implicaría una situación de cosa juzgada.

Frente a esos planteos, los abogados de Spagnuolo —Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze— solicitaron una prórroga para fijar postura. Argumentaron que no cuentan con los elementos necesarios mientras el expediente se mantenga bajo secreto, y que además su cliente aún no definió si avanzará como arrepentido, lo cual modificaría sustancialmente la estrategia de defensa.

Un giro condicionado por el contexto político

Según trascendió, Spagnuolo considera que el Gobierno intenta responsabilizarlo en soledad por las irregularidades y que el escenario político y judicial actual lo empuja a buscar una salida a través de la figura del arrepentido.

De concretarse, su declaración podría reconfigurar el curso de la causa. El marco legal exige que los datos aportados sean sustanciales, comprometan a personas con mayor responsabilidad jerárquica, y no hayan sido obtenidos bajo presión.

La definición sobre su eventual colaboración con la fiscalía podría conocerse la próxima semana, cuando se levante el secreto de sumario y su defensa acceda al contenido completo del expediente.