El municipio de Tafí Viejo y el Gobierno de Tucumán iniciaron una etapa de recomposición de sus vínculos financieros tras varios meses de tensión. La clave fue el regreso de la administración local al Pacto Fiscal, lo que permite ahora encaminar una conciliación de deudas que involucra cifras millonarias.

El Poder Ejecutivo provincial reclama un pasivo de alrededor de $13.000 millones por parte de Tafí Viejo, mientras que desde el municipio, que encabeza Alejandra Rodríguez, exigen el pago de $18.000 millones correspondientes a obras y servicios comprometidos pero no ejecutados. Esta puja había alcanzado un punto crítico en junio, cuando la Justicia llegó a ordenar el embargo de cuentas municipales por una deuda con la Dirección General de Rentas de $196 millones (compuesta por $150,8 millones de capital y $45,2 millones de intereses). Aunque la medida fue frenada, evidenció la gravedad del conflicto.

El distanciamiento se originó en enero, cuando Tafí Viejo se apartó del Pacto Social. Esto habilitó al Gobierno provincial a liberar fondos coparticipables que estaban retenidos, pero también dejó al descubierto el saldo negativo reclamado por ambas partes. En ese contexto, la Casa de Gobierno realizó transferencias directas en tres oportunidades para cubrir sueldos de empleados municipales: $1.330 millones en junio, $1.150 millones en julio y una última asistencia por $1.200 millones.

Según confirmaron fuentes municipales, días atrás se presentó el pedido formal para reincorporarse al Pacto Fiscal, lo cual permitiría estabilizar las finanzas locales y asegurar el pago regular de salarios. Además, esto habilitaría la formalización de un acuerdo de conciliación de deudas, como establece la legislación vigente.

Desde el Concejo Deliberante de Tafí Viejo indicaron que el nuevo convenio podría ser tratado en sesión extraordinaria, o bien incluirse en el orden del día previsto para el jueves 28 de agosto. El cuerpo parlamentario, presidido por Maximiliano Córdoba, sesiona dos veces al mes.

En paralelo, esta semana los concejales aprobaron la cesión de parte de los fondos coparticipables al Gobierno de Tucumán, en compensación por la última asistencia reintegrable de $1.200 millones que recibió el municipio.

La relación entre ambas administraciones parece ahora encaminada hacia una solución negociada, tras meses de fricciones que incluso pusieron en riesgo la operatividad del Ejecutivo municipal. La reapertura del diálogo podría traer alivio tanto para las arcas locales como para los más de 1.000 empleados que dependen de sueldos públicos en la ciudad.