La relación entre el Gobierno nacional y las provincias atraviesa su momento más tenso desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Luego de que diputados y senadores aliados avalaran el tratamiento de proyectos contrarios a los intereses del oficialismo, el Ejecutivo evalúa convocar a los gobernadores para intentar recomponer vínculos y evitar nuevas derrotas parlamentarias.

Desde la Jefatura de Gabinete confirmaron que planean realizar una convocatoria presencial después del 9 de julio, aunque en el corto plazo continuarán con diálogos bilaterales por canales informales. La estrategia apunta a enfriar la tensión y evitar rupturas definitivas.

“No nos consta que haya sido una decisión de ellos dar quórum o firmar los dictámenes. Muchos legisladores pueden tener interés en esos temas”, justificaron desde Balcarce 50, en un intento por bajar el tono al tema.

Reuniones, reclamos y advertencias

En las últimas semanas, varios mandatarios provinciales —algunos de los más dialoguistas con el Gobierno— manifestaron su malestar por la caída en la coparticipación, la falta de obras públicas y el impacto del ajuste sobre sus distritos.

A pesar de encuentros previos en la Casa Rosada con Guillermo Francos y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, las respuestas oficiales fueron consideradas insuficientes. La falta de avances concretos motivó una reacción coordinada: legisladores de espacios provinciales habilitaron el debate de proyectos sensibles, como el financiamiento al Hospital Garrahan, presupuesto para universidades y aumento a jubilados.

La emergencia en el Hospital Garrahan, uno de los focos del conflicto (RS Fotos)

Aunque una de las sesiones se cayó por internas opositoras y desorden en el recinto, en el Senado avanzaron proyectos clave para los gobernadores:

  • Automatización de fondos ATN
  • Reasignación del impuesto a los combustibles
  • Mejora de haberes previsionales y emergencia en discapacidad

Estos movimientos pusieron en alerta al Ejecutivo, que teme nuevos avances opositores si se convoca a una sesión especial, algo que depende directamente de la vicepresidenta Victoria Villarruel, con quien la relación es tensa.

El dilema de los vetos

Desde el entorno presidencial ya anticiparon que, de ser aprobadas, muchas de estas iniciativas serían vetadas por Milei por su impacto fiscal. Pero sostener esos vetos requerirá apoyo legislativo, especialmente de los gobernadores, que podrían elegir no acompañarlos si el conflicto escala.

Por ahora, en Casa Rosada optan por mantener una actitud conciliadora, aunque sin ceder protagonismo. “Ya nos vamos a volver a sentar”, repiten con confianza. Pero la paz con el poder del interior aún está lejos de concretarse.