Después de casi dos meses sin liderar una reunión de Gabinete, el presidente Javier Milei encabezó este martes un encuentro con la mayoría de los funcionarios de su núcleo de Gobierno. La cumbre se dio en un contexto delicado, tras el fallo de la jueza neoyorquina Loretta Preska que obliga al Estado argentino a desprenderse del 51% de sus acciones de YPF.

La reunión comenzó a las 9:30 de la mañana en el Salón Eva Perón de Casa Rosada y se extendió por dos horas y media, siendo una de las más largas desde el inicio de la gestión libertaria. Finalizó poco después del mediodía, con una salida progresiva de los funcionarios por la explanada principal del edificio.

Entre los presentes estuvieron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, dos figuras centrales en la estrategia económica del Gobierno. Ambos se retiraron antes que el resto, y en el caso de Caputo, incluso se lo vio corriendo por el Salón de los Bustos, aunque no se aclaró si fue por un compromiso posterior.

Loretta Preska, la jueza que falló a favor de los buitres.

Según indicaron fuentes oficiales, el objetivo de la reunión fue repasar el estado de gestión de cada ministerio. Participaron también los titulares de Salud, Mario Lugones; Desregulación, Federico Sturzenegger; y Justicia, Mariano Cúneo Libarona. No trascendieron detalles específicos de los temas tratados, aunque el reciente fallo judicial sobre YPF habría estado en la agenda.

Tensión tras el fallo de Preska

El fallo de Preska representa un golpe para la administración libertaria, que deberá afrontar en apenas 14 días la posible pérdida del control accionario de la petrolera estatal. Si bien Milei ha evitado involucrarse directamente en la estrategia judicial, el tema lo interpela debido a sus implicancias económicas.

El presidente confirmó públicamente que el Estado argentino apelará el fallo. En ese mismo mensaje, lanzó duras críticas contra el exministro de Economía y actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a quien responsabiliza por el conflicto originado en 2012 con la expropiación de YPF. Kicillof respondió, calificando la sentencia como un “disparate jurídico” y una “intromisión sobre la soberanía nacional”.

Tras conocerse la decisión judicial, varios de los principales estrategas del Gobierno se reunieron en la Casa Rosada para definir los próximos pasos. Participaron funcionarios con vínculos en Washington y experiencia en negociaciones internacionales, en lo que se perfila como un caso clave para la política exterior y económica del país.

Uno de los actores relevantes será la Procuración del Tesoro, que representa al Estado en litigios. Su titular, Santiago Castro Videla, debió excusarse por haber trabajado previamente en el estudio de un abogado vinculado al demandante Burford Capital. La estrategia judicial recaerá entonces en los subprocuradores Julio Comadira y Juan Stampalija.

También podría desempeñar un papel importante María Ibarzábal, secretaria de Legal y Técnica, con experiencia previa en el área durante la gestión de Mauricio Macri. Ayer, el extitular de la Procuración durante esa administración, Bernardo Saravia Frías, señaló que existe margen para que el fallo sea revisado o al menos reducido en su impacto económico.

El rol de Burford Capital y conexiones políticas

Burford Capital, el fondo demandante, contrató como asesor clave para esta causa al exbanquero argentino Gerardo “Gerry” Mato, con vínculos fluidos con el entorno de Milei. Mato organizó en 2023 un encuentro privado en Connecticut entre economistas del entonces candidato presidencial y empresarios estadounidenses.

La única reunión formal registrada entre Mato y un funcionario argentino fue en octubre de 2024, cuando se encontró con el entonces ministro del Interior y actual jefe de Gabinete, Guillermo Francos. También participó Hernán Rissola, asesor financiero con experiencia en el exterior.

Con este panorama, el Gobierno deberá articular su defensa jurídica en tiempo récord mientras enfrenta un fallo que, según Saravia Frías, exige al Estado “incumplir una ley del Congreso”, algo que podría abrir un frente legal en tribunales argentinos en paralelo al litigio en EE.UU.

La situación genera un nuevo foco de tensión en un contexto donde Milei busca sostener el rumbo económico de su administración sin sobresaltos judiciales ni institucionales. La reunión de Gabinete, una de las más extensas de su gestión, evidencia que la preocupación por este tema traspasa el ámbito técnico y alcanza los más altos niveles del Ejecutivo.

La última vez que Milei había encabezado una reunión de estas características fue el 6 de mayo. En esa oportunidad se anunció que Patricia Bullrich pasaría a integrar oficialmente La Libertad Avanza. El 10 de junio, con el presidente y su hermana Karina de viaje, fue Guillermo Francos quien lideró el encuentro ministerial.

Esta nueva cumbre, marcada por la urgencia judicial y las repercusiones políticas, deja en evidencia la complejidad del escenario que enfrenta la Casa Rosada. En las próximas dos semanas se definirá no solo el futuro accionario de YPF, sino también la capacidad del Gobierno de negociar, resistir y articular su estrategia frente a una de las mayores demandas internacionales contra el Estado argentino.