En julio, el mes de mayor tensión entre las provincias y el gobierno nacional, Tucumán, Salta y Catamarca fueron las únicas tres jurisdicciones que recibieron Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por parte de la Casa Rosada. Cada una recibió $3.500 millones, en lo que fue leído como un intento de recomponer la relación con tres aliados que, pese a sus críticas, votaron a favor de los últimos proyectos que marcaron la derrota legislativa de Javier Milei en el Senado.

Los mandatarios Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca) son parte de ese grupo de gobernadores que, con perfil negociador pero firme, se ubicaron en una posición estratégica: reciben recursos, pero también reclaman una distribución más equitativa, automática y previsible de los fondos que la Nación debe enviar a las provincias.

En total, en lo que va de 2025, Jaldo acumuló $12.000 millones en ATN, Sáenz $13.000 millones y Jalil $8.000 millones, cifras que los posicionan entre los más beneficiados en un reparto discrecional que el resto de los mandatarios ya comenzó a cuestionar con fuerza.

Un reclamo conjunto: coparticipación y distribución automática

La presión creció desde la presentación de dos proyectos de ley que ya tienen media sanción del Senado y que surgieron del consenso de los 23 gobernadores más el jefe de Gobierno porteño. Uno de ellos propone modificar el esquema de reparto de los ATN para hacerlo automático, en base al coeficiente de coparticipación, mientras que el otro busca eliminar fideicomisos intermedios en la distribución de la recaudación de impuestos a los combustibles.

“El contexto económico amerita una medida de emergencia. Los ATN deben atender desequilibrios financieros, no ser una herramienta política discrecional”, argumentan los gobernadores en el proyecto consensuado.

Reuniones sin definiciones y un vínculo frágil

Si bien hubo encuentros informales, como el que se realizó en Casa Rosada entre Jaldo, Sáenz, Jalil y Carlos Sadir (Jujuy) con Guillermo Francos, Eduardo "Lule" Menem y Karina Milei, no se anunciaron resultados concretos. De hecho, los gobernadores siguen sin encontrar un interlocutor político claro en el Ejecutivo que canalice sus reclamos y promesas pendientes.

“No hay diálogo fluido. No nos convocaron formalmente. Todo queda en palabras o en fotos, pero sin compromisos”, deslizó una fuente cercana a uno de los tres gobernadores del Norte Grande.

En paralelo, la Casa Rosada intenta mostrarse activa frente a los mandatarios que aún considera aliados, pero las tensiones internas dentro del gobierno —sobre todo en el llamado “triángulo de hierro” entre Karina Milei, los Menem y Santiago Caputo— provocan una interlocución errática.

Las provincias, entre la necesidad y la estrategia electoral

En pleno año electoral, los gobernadores caminan por una delgada línea: necesitan fondos para sostener la gestión y la obra pública en sus territorios, pero no quieren quedar subordinados a la lógica de la “motosierra” de Milei.

En ese marco, tanto Tucumán como Salta y Catamarca han evitado la confrontación directa, pero también se sumaron al reclamo colectivo que emergió desde el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y que ya se tradujo en una derrota parlamentaria para el oficialismo nacional.

Además, el vínculo con Nación se ve atravesado por las alianzas políticas que se están negociando de cara a octubre. Mientras en otras provincias como Corrientes, Mendoza y Entre Ríos hay avances concretos hacia acuerdos con La Libertad Avanza, en el norte argentino los gobernadores parecen optar por preservar su identidad política y territorial, manteniendo la capacidad de negociación con todos los espacios.

Qué se espera a futuro

El resultado electoral de octubre será clave para redefinir las relaciones entre Nación y provincias. Una victoria del oficialismo podría endurecer la postura del Ejecutivo, mientras que una nueva derrota, como la que sufrió con la aprobación del paquete previsional, obligaría a abrir el juego a los mandatarios provinciales, entre ellos Jaldo, Sáenz y Jalil, que hoy aparecen como claves para sostener cualquier gobernabilidad.

Mientras tanto, el reclamo por los ATN se mantiene como el símbolo del malestar provincial. Y el gobierno nacional, lejos de dar respuestas estructurales, parece jugar a ganar tiempo hasta que el calendario electoral despeje el horizonte.