Una jueza liberó a los detenidos por los incidentes fuera del Congreso y el Gobierno respondió
Referentes del Gobierno le respondieron a la jueza Karina Giselle Andrade que dio la orden de liberar a los 114 detenidos.
La jueza Karina Andrade, titular del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas 15 de la Ciudad de Buenos Aires, ordenó este miércoles la liberación de las 114 personas detenidas durante la marcha de jubilados frente al Congreso. La magistrada fundamentó su decisión en la falta de información precisa por parte de las fuerzas de seguridad sobre los hechos que justificaran las detenciones.
Fundamentos para la decisión de la Jueza
En su fallo, la jueza destacó que las fuerzas de seguridad no brindaron detalles sobre las circunstancias de las detenciones, ni siquiera el lugar donde serían alojados los detenidos. "La información fue absolutamente deficitaria. No se especificó el lugar, la hora ni el delito concreto", sostuvo Andrade.
Además, desmintió las acusaciones de que los manifestantes portaran armas o hubieran causado lesiones a los efectivos policiales. "Ninguna de las personas detenidas fue imputada por delitos de portación de armas, lesiones o incendio", afirmó Andrade.
Balance de los incidentes
Según informes de la Policía de la Ciudad, 20 efectivos resultaron heridos durante los enfrentamientos, cinco de los cuales permanecen internados. Además, seis móviles y dos patrulleros sufrieron daños, con un costo estimado de 55 mil dólares por patrullero.
El Gobierno insiste en que la protesta fue violenta y organizada, mientras que la jueza Andrade sostiene que no hubo pruebas suficientes para mantener a los detenidos. La polémica continúa, con fuertes críticas cruzadas entre el Poder Judicial y el Ejecutivo.
La respuesta del Gobierno no tardó
Desde el Gobierno, se insistió en que la protesta fue un intento de desestabilización. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, expresó su descontento con la decisión judicial, calificándola como un obstáculo para combatir la violencia organizada. "Si detienen a 130 o 140 personas y a las pocas horas una jueza las libera, es muy difícil aplicar la ley con dureza", manifestó.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, el Gobierno criticó duramente la decisión judicial, acusando a la jueza de fomentar la impunidad. "La justicia de la puerta giratoria es responsable directa de la inseguridad en Argentina", escribió Adorni en redes sociales.