Universidades bajo la lupa: el gobierno reclama la rendición o devolución de $ 33.000 millones
Se fijó el 30 de junio de 2025 como fecha límite e improrrogable para regularizar la situación.
En el marco de su política de control y austeridad fiscal, el Gobierno nacional dio un paso clave en el área de Ciencia y Tecnología al exigir a 672 universidades e instituciones del sistema científico-tecnológico el reintegro de $ 33.000 millones en concepto de fondos no rendidos.
La medida, oficializada mediante resolución publicada en el Boletín Oficial, establece el 30 de junio de 2025 como plazo máximo e improrrogable para regularizar la situación.
El requerimiento alcanza a entidades beneficiarias de subsidios estatales durante los últimos años, en muchos casos destinados a proyectos de investigación, innovación o infraestructura científica.
En su comunicado, la Secretaría de Ciencia y Tecnología advirtió que, de no cumplirse la rendición o el reintegro en los términos estipulados, se activarán acciones legales para recuperar los fondos.
UBA y UTN, entre las que más deben
El Gobierno difundió un listado de las instituciones con mayores deudas en rendiciones. La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) encabeza el ranking con $902,7 millones sin justificar, seguida por la Universidad de Buenos Aires (UBA) con $896,2 millones.
También figuran la Universidad Nacional Arturo Jauretche ($683,3 millones), la Universidad Nacional de La Plata ($581 millones), la Universidad Nacional de General San Martín ($571,7 millones), la Comisión de Investigaciones Científicas bonaerense (CIC) ($436 millones) y la Universidad Nacional de Hurlingham ($435,9 millones).
Desde la Secretaría que encabeza Darío Genua se precisó que las instituciones podrán optar por rendir cuentas de los fondos transferidos o reintegrar las sumas no ejecutadas, sumando intereses si estos estaban contemplados contractualmente.
Reglas claras y consecuencias por incumplimiento
El proceso debe cumplirse bajo los lineamientos establecidos por la Resolución N° 795/2023, que reglamenta la rendición de cuentas de fondos públicos. Además, se aclaró que los casos de incumplimiento serán derivados al servicio jurídico permanente de la Secretaría para iniciar los trámites judiciales correspondientes.
“Rinden o la devuelven”, sintetizó Genua en un mensaje publicado en redes sociales, donde recalcó: “Estas irregularidades perjudicaron a los investigadores y sus instituciones. Tienen tiempo hasta el 30/06/2025. No hay prórroga”.
Un cambio de lógica en la administración de fondos públicos
La medida se inscribe en la estrategia del Gobierno nacional de supervisar el uso histórico del presupuesto estatal, en especial en áreas sensibles como educación superior e investigación científica, donde durante años se asignaron recursos que, según la actual gestión, no siempre fueron justificados con transparencia.
Si bien la resolución no implica nuevas erogaciones presupuestarias, sí representa un fuerte mensaje político y financiero: el Estado buscará recuperar recursos presuntamente mal administrados o sin respaldo documental adecuado.
Desde el sistema universitario, aún no hubo pronunciamientos institucionales formales frente a la resolución, aunque algunos rectores y referentes académicos anticiparon que requerirán revisiones caso por caso, ya que algunos fondos fueron ejecutados en contextos complejos y bajo normativas hoy modificadas.
La cuenta regresiva hacia el 30 de junio de 2025 ya está en marcha. En juego no sólo están los millones de pesos en cuestión, sino también la credibilidad y la relación institucional entre las universidades públicas y el Gobierno nacional.
