Valijas sin control: qué hay detrás del escándalo por un vuelo ligado al Gobierno
Se trata del equipaje que ingresó al país en un avión del empresario Leonardo Scatturice, cercano al Gobierno. Adorni había dicho que era “imposible” que eso hubiera pasado.
Pese a la oportuna desmentida del vocero Manuel Adorni y de un comunicado de la Aduana, una investigación de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) detectó irregularidades en los controles al equipaje de un avión en el que viajaba la dirigente conservadora de la CPAC Laura Belén Arrieta, que habría ingresado a la Argentina con 10 valijas que no pasaron los controles.
La causa judicial también analiza posibles delitos en la llegada de la aeronave, propiedad del empresario y ex agente de la SIDE Leonardo Scatturice, vinculado a altas esferas del Gobierno.
Un informe de TN reveló imágenes de la pesquisa que muestran a Arrieta y a dos colaboradores bajando más valijas de las que se informaron originalmente. La primera denuncia la había realizado el periodista Carlos Pagni que sembró dudas sobre si se escanearon las mentadas valijas y sobre la escala que realizó la mujer en Buenos Aires -estuvo una semana y luego siguió viaje a París- y disparó un pedido de informes de la Coalición Cívica-ARI.
De hecho, uno de los primeros en reaccionar frente a la escandalosa revelación fue el diputado Maximiliano Ferraro que, en un posteo de X, sentenció que "las valijas del poder" demostraron que "Adorni y el Gobierno mintieron" ya que el mismo incluye la declaración del vocero en el que fundamentaba que todo se hizo "siguiendo todos los protocolos".
El "lilito" recordó que el 11 de marzo presentó 4 pedidos de acceso a la información pública a Migraciones, Aduana, PSA y ANAC, pero el Ejecutivo los rechazó "por incompetencia y/o reserva de la información". "Al parecer han ocultado la información con el solo fin de tapar el escándalo. Me reconforta que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) avance en la investigación del caso de la "valijera" Laura Belén Arrieta, una persona con vínculos políticos y comerciales directos con el Gobierno", indicó el diputado.
El vuelo en cuestión arribó el 26 de febrero de este año cuando un jet privado de la empresa Royal Class, de Leonardo Scatturice -nuevo dueño de Flybondi y enlace de Javier Milei con Trump y CPAC- llegó al país. En la aeronave se trasladaba Arrieta, gerente de operaciones corporativas de OCP TECH y dos tripulantes: José Luis Donato Bresciano y Juan Pablo Pinto. Este último fue piloto del avión presidencial ARG-01 e incluso llegó a transportar a Alberto Fernández cuando ocupaba la primera magistratura. Días después Arrieta se fotografió con el presidente Javier Milei en un encuentro de la CPAC en Buenos Aires.
Tras las denuncias periodísticas, el Gobierno cerró filas en torno a que no hubo ninguna irregularidad en el ingreso y en lo declarado por Arrieta. Incluso se explicó que, como se trataba de una "pasajera en tránsito", podía dejar valijas dentro del avión y que sólo puso a disposición del escáner un bolso tipo "carry on".
De la investigación judicial participan el fiscal del caso, Claudio Navas Rial, y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez. Los fiscales presentaron en la causa un dictamen en el que consideran acreditado que no se controlaron las valijas.
En ese documento los fiscales afirmaron que de las diez valijas que llegaron al país solo fueron declaradas cinco y que ninguna fue debidamente controlada.
Los fiscales dijeron: “Del material fílmico aportado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria se constata que el punto operativo contaba con tecnología de control no intrusivo (escáner) y con un dispositivo tipo “semáforo” destinado a activar el mecanismo de revisión selectiva. No obstante, se observa que, mientras el área se encontraba libre de aglomeraciones, los tripulantes y la pasajera del vuelo N18RU fueron reconducidos por personal aduanero (...) hacia una vía secundaria, sin atravesar los escáneres ni ser sometidos a revisión de equipaje".
El dictamen advierte, además: “Durante el mismo lapso -entre las 08:56 y las 09:20 horas-, comenzaron a ingresar otros pasajeros al mismo sector, todos los cuales, sin excepción, fueron sometidos al control de equipajes mediante escáner”.
Y sostiene: “Esta diferencia en el tratamiento resulta particularmente significativa, ya que no obedeció a una situación de congestión ni a una saturación operativa que justificara una alteración en la dinámica de control. Tampoco se trató de un procedimiento aleatorio accionado por el semáforo u otro dispositivo automatizado, sino que, tal como se aprecia en las imágenes, el desvío fue una decisión expresa y directa del personal aduanero, adoptada a pesar de la disponibilidad de medios tecnológicos para llevar a cabo la inspección”.
El dictamen advierte que se puede observar a la pasajera Arrieta con un “comportamiento inusual”.
Los fiscales dan cuenta que así surge del testimonio de un agente que informó que “el traslado de la pasajera hacia la zona de arribos internacionales y la descarga del equipaje demoraron más de lo habitual, aproximadamente entre 15 y 20 minutos”, y que “vio descender a la pasajera de la aeronave portando un teléfono celular -sin poder precisar si era propio o ajeno-, el cual fue entregado a una agente de Aduana”. El dictamen continúa: “Esta última, según describió [el agente], realizó un gesto de “okey”, tras lo cual se llevaron a la pasajera hacia la zona de arribos internacionales".
Arrieta llegó a Aeroparque en un avión privado Bombardier Global 5000, con matrícula de los Estados Unidos N18RU. El plan de vuelo de la aeronave incluyó, después de siete días frenado en Aeroparque, a Francia como destino, con una escala en Tenerife. Ella, no obstante, declaró en Migraciones que su destino final era Estados Unidos.
Los fiscales advirtieron en su dictamen que “el análisis efectuado permitió identificar una serie de inconsistencias significativas, entre las que se destacan: omisiones en los controles de equipaje al momento del arribo; ausencia de registros que acrediten la trazabilidad del equipaje; deficiencias en el registro migratorio de tripulantes y pasajeros; falta de documentación que acredite la inmovilización, resguardo e inspección del contenido de la aeronave; ausencia del registro del vuelo en las bases de datos estatales correspondientes; y dudas respecto del aeropuerto de procedencia declarado”.