Este jueves 11 de septiembre, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal comenzará a tratar un punto crucial de la causa Vialidad: el futuro del decomiso millonario fijado contra Cristina Fernández de Kirchner. La audiencia servirá para escuchar los planteos de su defensa y la de Lázaro Báez, quienes cuestionan tanto el cálculo económico del monto como el tribunal competente para ejecutar esa medida.

El Tribunal Oral Federal N°2 había establecido que la expresidenta debía resarcir al Estado por $685.000 millones, equivalente a aproximadamente US$530 millones, en concepto de daño por administración fraudulenta en la adjudicación de obras p��blicas. Cristina Kirchner fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, fallo que fue confirmado por la Corte Suprema en junio pasado.

Vialidad: audiencia clave para definir si Cristina Kirchner debe devolver US$530 millones
Vialidad: empieza una audiencia clave para definir si Cristina Kirchner debe devolver U$S530 millones. (Foto: EFE/Julieta Barrera).

La disputa por el cálculo del monto

La defensa de la expresidenta sostiene que el monto del decomiso fue calculado de forma incorrecta. En lugar del Índice de Precios al Consumidor (IPC) utilizado por el TOF 2 para actualizar los valores, sus peritos proponen aplicar la tasa pasiva promedio del Banco Central. Con ese criterio, aseguran que el total a devolver debería ser de apenas $42.000 millones, es decir, casi 17 veces menos que lo determinado por el tribunal.

Además, Cristina Kirchner alega que la ejecución del decomiso no debe ser llevada adelante por la justicia penal, sino por el fuero civil y comercial federal.

La audiencia y lo que se definirá

La Sala IV de Casación —integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña— escuchará este jueves a las partes y, luego, tendrá un plazo de cinco días hábiles para resolver si acepta o rechaza los recursos.

También participarán los defensores de Lázaro Báez, que objeta el decomiso al considerar que esa competencia recae en el TOF 4, en el marco de la causa conocida como “La Ruta del Dinero K”.

El presidente de la Sala IV, Borinsky, ya adelantó que los recursos presentados por Cristina Kirchner se analizarán de forma conjunta e integral.

El destino de los bienes

A pesar de los cuestionamientos, el decomiso nunca fue frenado. El TOF 2 ya ordenó a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola identificar los bienes de la expresidenta que podrían ser objeto de ejecución. En esa línea, ya se señalaron dos propiedades en la Ciudad de Buenos Aires y varios inmuebles del complejo Madero Center, además de otras 24 propiedades en el sur del país.

Vialidad: audiencia clave para definir si Cristina Kirchner debe devolver US$530 millones
La casa de Cristina Kirchner, en el sur del país.

Un punto de conflicto adicional es que muchos de esos bienes están cedidos a nombre de Máximo y Florencia Kirchner y se encuentran embargados en la causa Hotesur-Los Sauces. Sin embargo, los fiscales sostienen que deben ser subastados en la causa Vialidad, que fue la primera en tener sentencia firme. Incluso trabajan en un nuevo listado que incluye la propiedad de San José 1111, donde reside la expresidenta.

¿Subasta, uso judicial o fines sociales?

Aún no está definido si los bienes serán subastados o destinados a uso institucional. Una acordada de la Corte Suprema de Justicia permite que los inmuebles decomisados sean puestos a disposición del propio tribunal o del Consejo de la Magistratura, para ser usados en la mejora del servicio de justicia.

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FACHADA. El Alto Calafate es uno de los hoteles de los Kirchner.

También se contempla la posibilidad de firmar convenios con provincias, municipios o entidades públicas, para que los bienes se utilicen en programas sociales, educativos, de salud, asistencia a víctimas o personas en situación de vulnerabilidad.

Lo que sigue

Este jueves, la Cámara de Casación escuchará los argumentos sobre los recursos en trámite. Luego, los jueces tendrán cinco días para resolver si confirman el monto del decomiso, si revisan el índice de actualización o si derivan el trámite a otro fuero. La decisión podría marcar un nuevo hito en una de las causas más emblemáticas de corrupción de las últimas décadas.