YPF: Argentina pidió reconsiderar la entrega de correos electrónicos de Luis Caputo y Sergio Massa
El Gobierno argentino presentó un pedido a la jueza Loretta Preska para que reconsidere su orden de entregar chats y otras comunicaciones de funcionarios clave en el caso YPF
El Gobierno argentino ha presentado formalmente un pedido ante la jueza Loretta Preska, quien se desempeña en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Este requerimiento tiene como objetivo solicitar la revisión de una orden que exige la entrega de chats de WhatsApp y otras comunicaciones de altos funcionarios del país. Entre los funcionarios mencionados se encuentran el actual ministro de Economía, Luis Caputo, y su predecesor, Sergio Massa.
Esta solicitud se enmarca en el contexto de un litigio impulsado por fondos especulativos en relación con el caso de la empresa YPF, que busca la compensación por la expropiación de la misma, ascendiendo a una suma de 16.100 millones de dólares. La jueza Preska había previamente accedido a la solicitud de los demandantes, incluyendo a Burford Capital, un fondo que ha cobrado notoriedad en este tipo de litigios.
La orden original requería que la República Argentina entregara las comunicaciones de funcionarios vinculados a las administraciones de Javier Milei y Alberto Fernández. Desde el Gobierno argentino, se ha manifestado que no se tiene control sobre la información solicitada, fundamentando su postura en la Constitución Nacional, que establece límites sobre la propiedad y el acceso a datos personales de los funcionarios públicos.
En respuesta a esta situación, el Gobierno ha argumentado que no posee los dispositivos electrónicos requeridos, ya que estos no le pertenecen. Esta argumentación ha llevado a la Procuración del Tesoro de la Nación a expresar la intención de apelar la decisión de la jueza, calificando la orden de "discovery" como sin precedentes. La evaluación de las opciones legales disponibles se encuentra en curso, destacando la complejidad que este caso representa tanto a nivel nacional como internacional.
La situación revela no solo un conflicto legal entre el Estado argentino y los fondos demandantes, sino también un trasfondo de implicaciones políticas y económicas que pueden influir en la percepción pública y en la gestión de recursos del país. A medida que se desarrolla el caso, se espera que el Gobierno continúe buscando vías para proteger la confidencialidad de sus funcionarios y la integridad de sus procesos institucionales.