El juicio por la expropiación de YPF sigue sumando capítulos judiciales. Esta semana, la Argentina presentó una tercera apelación en los tribunales de Estados Unidos, esta vez para evitar la entrega de los mensajes y dispositivos personales de los actuales y exfuncionarios del Ministerio de Economía, entre ellos Luis Caputo y Sergio Massa.

El nuevo recurso fue presentado ante el juzgado de primera instancia de Nueva York, como paso previo al inicio formal del proceso de apelación ante la Corte de Apelaciones de esa jurisdicción. Se trata del mismo tribunal que ya recibió otras dos impugnaciones del Gobierno en el marco del fallo que condenó al país a pagar US$16.000 millones por la forma en que se llevó adelante la estatización de la petrolera durante el kirchnerismo.

En este caso puntual, la apelación busca frenar la orden de la jueza Loretta Preska, que obliga a la entrega de mensajes y archivos digitales de los titulares del Palacio de Hacienda, en el marco del proceso de discovery. Esta etapa busca probar si YPF y otras empresas estatales —como Aerolíneas Argentinas o el Banco Nación— funcionaban como "alter ego" del Estado argentino, es decir, si operaban como una extensión directa del Gobierno.

De convalidarse esa teoría, los demandantes —liderados por el fondo Burford Capital, beneficiario de la sentencia— podrían avanzar con embargos sobre esas compañías para cobrar parte del monto fijado en el fallo de septiembre de 2023, también apelado por la defensa argentina.

En julio pasado, Preska ordenó el embargo y la entrega de la información digital de funcionarios públicos, enfocándose en palabras clave como "YPF", "Banco Nación" o "Aerolíneas Argentinas", pero aclarando que no se accedería a datos personales o de la vida privada de los involucrados.

La Argentina ya había presentado dos recursos previos ante la misma jueza para intentar frenar esta medida, argumentando que la entrega de esa información sensible “viola las leyes de Estados Unidos y de la Argentina, vulnera la soberanía nacional y no conducirá al hallazgo de activos ejecutables de la República”. Sin embargo, Preska ratificó su decisión a mediados de septiembre y fijó un plazo hasta fin de mes para cumplir con su orden.

Ante ese revés, los abogados del país decidieron llevar el tema a una instancia superior, sumando así una nueva apelación a las ya existentes:

  1. La apelación contra la sentencia principal por US$16.000 millones.
  2. El recurso para evitar la entrega de las acciones de YPF como parte del pago.
  3. Esta última apelación, contra la orden de entregar los mensajes de Caputo, Massa y otros funcionarios.