Este miércoles, un grupo de familiares de personas con discapacidad, junto con prestadores de servicios terapéuticos y educativos, se reunió en la Plaza Independencia con el objetivo de exigir la declaración de la emergencia en discapacidad. Este evento tuvo como finalidad visibilizar una situación que, según los organizadores, se presenta como crítica tanto para las familias involucradas como para las instituciones que ofrecen atención especializada en la provincia. 

Durante la manifestación, una de las madres presentes expresó su descontento señalando que "realmente no hay empatía" por parte de las autoridades hacia las necesidades de los niños y adolescentes con discapacidad. Este sentimiento de frustración se centró especialmente en las políticas del actual presidente, Javier Milei, quien fue objeto de numerosas críticas durante el encuentro. Uno de los problemas más acuciantes que se denunciaron fue la demora en los pagos por parte de las obras sociales a los prestadores de servicios. 

Según informaron los manifestantes, algunas obras sociales apenas están regularizando los pagos correspondientes a octubre de 2024, mientras que otras ni siquiera han autorizado las carpetas de atención, lo que ha llevado a que muchos niños no puedan asistir a la escuela. Esta situación, advierten, no solo interrumpe de manera grave los tratamientos de estos niños, sino que también genera una carga insostenible para los centros y profesionales que operan en este sector. 

Adicionalmente, los manifestantes hicieron un llamado urgente para la actualización del nomenclador nacional, el cual se encuentra congelado desde diciembre de 2024. Esta actualización es crucial, ya que actualmente todas las prestaciones son remuneradas a tarifas correspondientes al año anterior, sin tener en cuenta los efectos de la inflación ni los aumentos en los costos de transporte, materiales y honorarios profesionales. 

La movilización en Tucumán se enmarca en una serie de reclamos que han surgido en diferentes puntos del país, donde el sistema de atención a la discapacidad enfrenta una crisis que, según especialistas, podría dejar a miles de personas sin acceso a educación, terapias y transporte adecuados. En este contexto, los manifestantes hicieron un llamado a las autoridades provinciales y nacionales, solicitando una respuesta inmediata que garantice la continuidad de las prestaciones, la regularización de los pagos y un reconocimiento económico acorde a la realidad actual.