El titular de la cartera sanitaria, doctor Luis Medina Ruiz, estuvo en un nuevo COFESA encabezado por el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones. Durante la jornada, sus pares de todas las jurisdicciones analizaron las principales problemáticas sanitarias y acordaron las líneas de trabajo próximo de acuerdo con los ejes priorizados por la actual gestión.

Luego de las irregularidades cometidas por aspirantes en los exámenes de ingreso al Examen Único de Residencias 2025, el ministro de Salud de la Nación acordó con sus pares provinciales que, a partir de 2026, cada jurisdicción deberá llevar adelante su propio examen de ingreso a residencias médicas según criterios definidos localmente.

“La salud es jurisdiccional. Los exámenes también tienen que ser jurisdiccionales. Solo cada provincia sabe qué tipo de médicos necesita para su población. Esta fue la última camada de médicos cuyas becas de residencias fue financiada por Nación. A partir de ahora los exámenes los toman y financian las jurisdicciones”, sostuvo Lugones.

Los ministros presentes destacaron que cada jurisdicción tiene necesidades y realidades propias y que la formación de los profesionales también debe responder a estas particularidades epidemiológicas, geográficas y sanitarias. En este sentido, el jefe de la cartera sanitaria nacional también destacó que “esto va a poder subsanar el otro inconveniente que hay respecto al perfil de los profesionales. De esta manera los médicos se van a formar según las especialidades requeridas en cada provincia”.

Lugones también hizo referencia a la resolución rubricada por el ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, la semana pasada. La media establece que los profesionales egresados de universidades que no estén inscriptas en la Federación Mundial de Educación Médica ya no podrán presentarse en Argentina para continuar con su formación profesional hospitalaria.

La viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, compartió las mejoras logradas en los procesos de compra de medicamentos de alto costo y drogas especiales que realiza la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (DINADIC). Siguiendo estándares de innovación y complementariedad con las con obras sociales y jurisdicciones, se logró una eficiencia en el gasto que alcanza los 40 millones de dólares.

“Trabajamos en un reglamento que ordenó el funcionamiento del sistema y generamos distintos procesos de compra. Los pacientes que llegan a DINADIC se acercan en una situación de extrema vulnerabilidad porque ni obra social ni su jurisdicción pudo sostenerlos”, detalló la funcionaria.

En este sentido, Loccisano destacó la agilización de los procesos administrativos y de provisión. “Incluimos en la página del ministerio un acceso para que con solo un clic se pueda iniciar la solicitud. También generamos un sistema de compras que mejoró en un 50% la velocidad del procedimiento, porque hablamos de medicaciones que se necesitan rapidísimo”, agregó.

La funcionaria detalló que los procesos de provisión anteriormente demoraban seis meses, mientras que en la actualidad la brecha desde el pedido hasta la entrega se redujo a 35 días, el mismo tiempo que toma el plazo de pago a los proveedores. “Ante casos de personas con un problema agudo o grave de salud en el que corre riesgo cierto su vida y que no cuenten con ningún tipo de cobertura de salud, se agiliza la gestión hasta los 10 días aproximadamente”, reveló. Durante el encuentro, los jefes de las carteras sanitarias además se interiorizaron sobre el avance de la Guía Alimentarias para la Población Argentina (GAPA), que funciona como un marco rector para la confección de guías provinciales que puedan contemplar las particularidades de cada región. El subsecretario de Planificación y Programación Sanitaria, Saúl Flores y la directora nacional de Abordaje Integral de Enfermedades no Transmisibles, Manuela Bullo, brindaron detalles sobre la adaptación e implementación a nivel jurisdiccional y el fortalecimiento de los equipos técnicos.

A su vez, la directora del Instituto Nacional de Alimentos (INAL), Mónica López, se refirió al reciente Decreto 538/2025 que dispuso la disolución de la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL) e introdujo modificaciones para que la actualización del Código Alimentario Argentino sea responsabilidad directa de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), a través del Instituto Nacional de Alimentos (INAL), y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) cuando corresponda. Esta medida permite reducir la burocracia y acelerar decisiones basadas en evidencia científica.

Además, con el objetivo de tomar medidas sanitarias y mitigar potenciales daños a la salud, la funcionaria compartió el relevamiento que viene realizando el INAL sobre el uso extendido de colorantes artificiales en alimentos procesados. López señaló que se hallaron este tipo de aditivos en más de 5.000 productos relevados, y en el 40% de los mismos se halló una fuerte prevalencia de Sunset Yellow y Tartrazina, colorantes que distintos estudios internacionales vinculan con alergias y sensibilidades alimentarias.

En el COFESA también se abordó el brote de sarampión y se coincidió en la importancia de la vacunación, así como los acuerdos con instituciones educativas para detectar a aquellos niños con falta de cobertura. Por último, la directora nacional de Abordaje Integral de Salud Mental, Liliana González, brindó datos sobre la vigilancia epidemiológica de suicidio e intento de suicidio. /MSPT