Los gobiernos de América Latina destinan, en promedio, apenas 3,7% del Producto Bruto Interno (PBI) al gasto público en salud, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Esta cifra se sitúa muy por debajo del 6% del PBI que recomienda la OPS para garantizar acceso y equidad en la atención sanitaria.

En Argentina la inversión pública en salud ronda el 3% del PBI. Tras un repunte durante la pandemia de Covid‑19 —cuando el aporte estatal subió a 3,1% en 2020 y 2021— la proporción volvió a caer a 2,8% en 2022, niveles similares a los de 2017. El financiamiento total del sistema se completa con aportes de obras sociales y desembolsos privados.

En un encuentro regional realizado esta semana en México —la 14.ª edición del Roche Press Day— especialistas y autoridades regionales advirtieron sobre los efectos adversos de la subinversión: acceso restringido, tratamientos tardíos y mayores costos para familias y sistemas.

El costo de bolsillo y la accesibilidad

El gasto de bolsillo de las familias en salud en América Latina asciende al 32,4% del total, frente al 20% promedio de los países OCDE. Ese porcentaje refleja pagos directos por copagos, consultas, estudios, internaciones, medicamentos y transportes relacionados con la atención. En la práctica, implica que muchas personas postergan o renuncian a cuidados por no poder afrontar estos desembolsos.

En Argentina, la crisis del sistema y la erosión de la financiación han incrementado la incidencia de copagos y prácticas en las que profesionales cobran complementos o se dedican exclusivamente al sector privado ante retrasos y bajos pagos por parte de prestadores. La informalidad laboral agrava la situación: trabajadores sin coberturas quedan dependientes de la atención pública o desprovistos de servicios adecuados.

El Banco Mundial estima que los pagos de bolsillo empujaron a la pobreza a 11,3 millones de personas en la región y profundizaron la pobreza de otros 84,3 millones.

Reconceptualizar: salud como inversión

Los especialistas plantearon cambiar la terminología y la mirada: dejar de hablar de “gasto” en salud para considerarlo una inversión. Atender la enfermedad cuando ya está avanzada resulta más costoso —en términos de carga de enfermedad, mortalidad, discapacidad y pérdida de productividad— que intervenir precozmente o apostar a la prevención.

Se subrayó la necesidad de descentralizar servicios y utilizar datos e innovación tecnológica para orientar recursos según necesidades poblacionales. No se trata siempre de grandes obras, sino de diseñar políticas que acerquen la atención a los territorios, reduzcan tiempos de traslado y los costos indirectos para las familias.

Según estudios citados en el encuentro, cada dólar invertido en salud puede retornar entre 2 y 4 dólares en beneficios sociales y económicos. Además, la mejora de la salud poblacional explica buena parte del crecimiento económico de los países desarrollados en el último siglo.

Consecuencias de la subinversión

La falta de inversión y planificación aumenta la carga de enfermedades y su impacto socioeconómico. Entre 2017 y 2023 se registró un aumento de la carga sanitaria por cáncer de mama HER2+, esclerosis múltiple y enfermedades retinianas en diez países de la región. Las enfermedades crónicas no transmisibles —hipertensión, dislipemias, diabetes, cáncer y afecciones cardiovasculares— ya causan el 77% de las muertes en América Latina, pese a que una parte significativa podría evitarse con medidas preventivas: hasta 40% de los casos de cáncer y 80% de las enfermedades cardiovasculares y diabetes podrían prevenirse con intervenciones adecuadas.

La previsión es que la incidencia de estas patologías aumentará en los próximos años, mientras los sistemas de salud no están plenamente preparados ni distribuidos equitativamente en el territorio.

Discapacidad prevenible: un ejemplo ilustrativo

La discapacidad prevenible exhibe de modo crudo las consecuencias de la falta de acceso. En América Latina, aproximadamente 1 de cada 20 nacimientos presenta alguna deficiencia que puede derivar en discapacidad de por vida; la mitad de estos casos son prevenibles y buena parte está asociada a factores socioculturales y económicos. La atención tardía o deficiente acorta la esperanza de vida y agrava comorbilidades, evidenciando la necesidad de diagnóstico y tratamiento oportunos.

Reformas y vías de mejora

Representantes de la Cepal y otros expertos coincidieron en que se requieren reformas sanitarias y una financiación más progresiva, aunque reconocen la dificultad de avanzar en un contexto de alto endeudamiento público en la región. Para algunos expositores, el aseguramiento universal puede reducir el gasto de bolsillo; otros promueven asociaciones público‑privadas y la incorporación de tecnologías como caminos pragmáticos hacia una cobertura más eficiente y extensiva.

En síntesis, el debate planteado en el foro puso en evidencia que invertir en salud temprano y de manera estratégica no solo mejora resultados clínicos y reduce discapacidad, sino que también protege la economía de las familias y potencia el desarrollo socioeconómico de los países. La pregunta central es cómo traducir esos diagnósticos y recomendaciones en políticas públicas sostenidas y coherentes en una región con limitaciones presupuestarias y grandes desigualdades territoriales.