Salta pone en marcha el Registro Provincial de Cannabis Medicinal: impacto en la salud pública
La iniciativa permitirá inscribir a pacientes, familiares, productores con licencia, instituciones de la sociedad civil, laboratorios, universidades y centros de investigación.
En una sesión que marcó un paso concreto hacia la regulación provincial del cannabis con fines terapéuticos, los senadores salteños aprobaron de manera definitiva el proyecto que crea el Registro Provincial de Cannabis Medicinal, un sistema que abarcará todo el territorio de la provincia. La iniciativa, explicada por sus promotores como una respuesta a la insuficiente implementación de la ley nacional de 2017, se propone ordenar el acceso, la producción y la investigación vinculada al uso medicinal del cannabis.
Manuel Pailler, representante por San Martín, recordó que la ley nacional que habilita el uso de cannabis con fines medicinales se sancionó en 2017, pero observó que su despliegue a nivel provincial no alcanzó a cubrir las necesidades de los pacientes. Ante ese vacío, dijo, muchas jurisdicciones dictaron normas propias para suplir las falencias detectadas en la práctica. «En las provincias se dictaron distintas normas para suplir las falencias», sostuvo, en un tono que reconoció la diversidad de enfoques adoptados hasta ahora.
El registro creado por la nueva ley tendrá un carácter amplio: permitirá la inscripción de pacientes y sus familiares, productores con licencia, instituciones de la sociedad civil, laboratorios, universidades y centros de investigación. La intención declarada desde la bancada que impulsó la norma es doble: por un lado, garantizar un acceso seguro al cannabis para quienes lo necesitan con supervisión médica; por otro, establecer mecanismos de control y supervisión sobre la cadena productiva.
Pailler sostuvo que la evidencia científica respalda el uso del cannabis bajo supervisión profesional como una alternativa efectiva para el tratamiento de diversas patologías. Bajo esa premisa, la norma busca además fomentar la investigación científica —vía la participación de universidades y centros de investigación— y la posibilidad de monitorear los tratamientos prescritos. «La intención es garantizar el acceso seguro al cannabis para pacientes, supervisar a los distintos actores de la cadena productiva y fomentar la investigación científica. Podremos supervisar y seguir los tratamientos», afirmó.
Con la aprobación en la Cámara alta provincial, el proyecto será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación oficial. A partir de ese momento, cabrá observar los pasos administrativos y regulatorios necesarios para poner en funcionamiento el registro: desde los plazos para la inscripción hasta las exigencias técnicas y sanitarias para los productores autorizados, pasando por los mecanismos de control que permitan confirmar la trazabilidad y la seguridad de los productos destinados a uso medicinal.
La sanción definitiva en la provincia plantea un escenario en el que se busca conjugar derechos de acceso a tratamientos, controles sanitarios y estímulo a la investigación local. Queda ahora por verse cómo se articulará la nueva normativa con las disposiciones nacionales vigentes y cómo responderán las instituciones de salud, los pacientes y los actores productivos a las obligaciones y oportunidades que establece el nuevo marco legal.