El Gobierno nacional admitió que deberá importar en los meses de invierno el 26% de todo el gas que se consume en el país.

Sólo para poner en perspectiva lo que significa importar 26% de la demanda: tanto en 2019 y como en 2020, ese número estaba en torno al 15%. Pero la caída de la producción de gas en las cuencas argentinas vuelve a convertir al país en un neto importador.

“Nunca habíamos llegado a importar el 26% del total del consumo, de modo que es una cifra muy alta ya que ahora es alrededor de 15%. Han tenido que llamar al barco regasificador que fue despedido en 2018 de manera irresponsable ya que se hizo como un hecho político sin realizar pronósticos de mediano y largo plazo; estará disponible en invierno. El plan Gas 4 ha fracasado rotundamente, la producción sigue en caída, está toda subsidiada y genera un gasto que es insostenible. La situación es una de las peores que hemos conocido”, resume Jorge Lapeña, exsecretario de Energía.

El dato no es sólo una cuestión energética. El combustible se paga al contado y en dólares, ante lo cual el gobierno nacional enfrenta una gran preocupación, los gastos de un año electoral y los pocos dólares de reserva.

Los técnicos de la Secretaría de Energía estimaron que, para los meses que van desde mayo a septiembre, la demanda de gas alcanzará los 22.466 millones de metros cúbicos (MMm3), de los cuales será necesario importar el 26% proveniente de la producción de Bolivia y de la provisión de gas natural licuado (GNL).

La difusión del dato de importación tiene varias lecturas. La primera es que fue necesario transparentar la dependencia ya que es un paso previo obligatorio a la realización de la audiencia pública –se realizará el 15 de marzo–, para determinar el costo del gas natural a boca de pozo, y el porcentaje de cobertura que asumirá el Estado nacional para aliviar el traslado a los usuarios.

La segunda es una lectura política,  porque esto dará pie a la discusión sobre gasto fiscal –subsidios–, precios de la energía en los hogares, disponibilidad de dólares. Allí se prevé que habrá una disputa entre dos facciones del Gobierno que están en pugna en estos momentos. Por un lado, la Secretaría de Energía, manejada por Darío Martínez, un hombre cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner y del otro lado estará el ministro de Economía, Martín Guzmán que viene desde el ala dura del Gobierno, quien  intentará mantener cierta racionalidad en los precios de las tarifas de servicios públicos para cuidar el equilibrio de las cuentas fiscales.